COMUNICADO DE LOS EXCONSEJEROS DEL CCM DE PODEMOS VALLADOLIDACERCA DE LA
INHABILITACIÓN PARA CARGOSYSUSPENSIÓN DE MILITANCIADE LOSCONCEJALES DE SI SE
PUEDE VALLADOLID POR INFRACCIONES MUY GRAVES
Héctor Gallego, Pablo Fernández, Charo Chávez, Pedro Palacios y Gloria Reguero, en la rueda de prensa de esta tarde. Foto: úC
En relación con la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas de Castilla y León (CDGDCyL) con fecha 6 de diciembre de 2017, que acuerda por unanimidad de sus miembros, sancionar con inhabilitación para cargos y suspensión de militancia a los concejales del Ayuntamiento de Valladolid del grupo Si Se Puede Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero, queremos hacer algunas aclaraciones que contribuirán a resolver dudas o corregir errores que han sido publicados en estos días:
● En primer lugar aclarar que la denuncia la presenta el CCM (Consejo Ciudadano Municipal) de Valladolid a través del Secretario General Daniel García.
● El primer expediente se presenta a finales de 2015, dimitiendo la CDGDCyL en septiembre de 2016 habiéndose iniciado la tramitación pero sin resolución de dicho expediente. Se vuelve a presentar posteriormente a la nueva Comisión de Garantías en febrero de 2017, que resuelve a fecha 6 de diciembre.
● Las primeras denuncias “orales públicas” del extinto CCM, que ahora resultan en condena de la Comisión de Garantías Democráticas, se producen en septiembre de 2015, (se dio una rueda de prensa) a los pocos meses de las elecciones municipales de mayo de 2015, cuando los tres concejales de Si Se Puede deciden “autonomizarse” y no rendir cuentas ni a la Asamblea de Valladolid ni al órgano político que debe ejercer el control sobre ellos. Hablamos de cuestiones como sueldos y retribuciones, donaciones, contrataciones de personal para el grupo en el ayuntamiento y la diputación, así como de algo tan lógico y sencillo como que la línea política, propuestas que se hagan en el ayuntamiento y la diputación, o simplemente lo que se vote en los plenos, sea consultado, valorado e informado por el órgano político de Podemos Valladolid (CCM) como marcan los estatutos del partido y no sólo, como viene siendo desde septiembre de 2015, por ellos mismos y la estructura paralela que han montado
● El Secretario General Autonómico Pablo Fernández y el Secretario de Organización Pedro de Palacios, tienen conocimiento de estos hechos (que ahora condena la Comisión de Garantías) desde el primer minuto y salieron en rueda de prensaapoyando a los concejales “unilateralmente independizados” y criticando la denuncia del CCM de Podemos Valladolid.
● Pocos meses después, el CCM de Valladolid lo lleva a la Comisión de Garantías (2015), con un expediente repleto de pruebas más de 50 páginas que incluye grabaciones, chats de telegram, etc., desde entonces se espera pacientemente a que se resuelva el proceso, siendo consciente del tremendo daño que representa para Podemos que los tres concejales sigan en el Ayuntamiento de Valladolid en nombre de Podemos.
● Por otro lado y con fecha 27 de febrero de 2017, se presenta una denuncia con un texto muy reducido contra Daniel García, ex secretario ahora de Podemos Valladolid,
por criticar públicamente al Grupo Si Se Puede y decir que no representa a Podemos ni sus valores, la Comisión de Garantías resuelve, a finales de mayo, sancionar a éste por literalmente: «perjuicio para la imagen de Podemos en Valladolid y su
representación en el Ayuntamiento» por difundir en medios de comunicación «lasdiferencias de criterio entre el consejo ciudadano municipal y Sí Se Puede, saltándose los cauces naturales de régimen interno». Remarcando: “La Comisión entiende que«si el secretario general de Podemos Valladolid tuviese algún problema con los concejales de Sí Se Puede y alguna denuncia que hacer, el cauce propio sería acudir a la Comisión de Garantías y no a los medios de comunicación».” Como aquí se explica,esa vía ya se había cursado sin respuesta durante más de dos años y ahora queda patente en ésta nueva resolución contra Si se Puede.
● Se están haciendo declaraciones que faltan totalmente a la verdad, con una intención de equiparar y quitar importancia a la grave resolución que acabamos de conocer por parte de Charo Chávez y queremos dejar muy claro que ni la denunciacontra Daniel García (por contar en prensa y en redes los incumplimientos de los concejales) y la ahora resuelta, por cierto, por unanimidad de los miembros de la CDGDCyL contra Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero (por aceptación de privilegios,contrataciones sin dar explicaciones al partido, autonomía política y desoír las líneas políticas de Podemos)tienen nada que ver, ni en cuanto la temática de la denuncia, ni en cuanto a la resolución, que en caso de los segundos la propia Comisión deGarantías tipifica como de infracción muy grave por vulnerar literalmente: “losprincipios organizativos y del Código Ético de Podemos”. Concretándolo en:
“A) Infracción muy grave: Actuar en el ejercicio de Cargos públicos en forma contraria a los principios de Podemos.”
“ B) Infracción grave: Desoír los acuerdos y directrices adoptados por el Consejo Ciudadano Municipal de Valladolid, la Asamblea ciudadana de Valladolid.”
Mientras que a Daniel García se le sanciona y no por unanimidad por:
«Perjuicio para la imagen de Podemos en Valladolid y su representación en el Ayuntamiento». Una cosa es muchísimo más grave que la otra y la naturaleza de la “falta” bien diferente y además se podía concluir que las declaraciones que motivaron la sanción a Daniel García, se parecen mucho a lo que concluye la propia comisión ahora. Decía la verdad, no se puede condenar a nadie por decir la verdad, aunque el modo de hacerlo no fuera del gusto o norma del partido.
● Remarcar por tanto y por todo lo explicado que en absoluto todo esto adolece “a temas personales”, como trata de justificar Charo Chávez. Son cuestiones políticas y de código ético no respetado, ningún tema personal aparece en la sentencia.
● Es muy tramposo por parte de Charo Chávez decir que faltan pruebas , que hayinexactitudes o que “no pueden demostrarlo” (insistimos 50 páginas de expediente), cuando han tenido tiempo desde el 10 de mayo al 25 de mayo para presentar todas las pruebas o contrapruebas que estimaran pertinentes. ¿Acaso dice que la Comisión de Garantías ha condenado sin pruebas?
Según el reglamento que rige el procedimiento, los denunciados tienen un plazo de 15 días para presentar pruebas o hacer alegaciones al expediente, una vez se inicia su tramitación. Lo refleja la resolución al principio de la misma:
“SEGUNDO. – En fecha 10 de mayo de 2017 se da traslado a Charo Chávez Muñoz, Gloria Reguero Mélida y Héctor Gallego Blanco del expediente sancionador por el plazo de diez días hábiles para formular oposición al Expediente, presentando en tiempo y forma alegaciones y las pruebas que estimaron pertinentes.”
● Nos parece que las declaraciones de Pablo Fernández, por un lado hablando únicamente “de respeto a las decisiones de los órganos de garantías independientes”, como haría un partido de la casta, poniéndose una vez más de perfil y por otro queriendo justificar no sabemos qué, quizá su propia inacción con “el verdadero problema de Valladolid es que no tenemos dirección política”, vuelve a repetir los mismos errores cometidos en el pasado y suponen una falta de respeto al trabajo del extinto CCM. Sí ha habido dirección política en Valladolid, hasta que hace algo más dedos meses dimitió, el CCM al que ahora la sentencia da la razón. Un CCM que ha sido maltratado, ninguneado, cuestionado, desacreditado e invisibilizado en repetidas ocasiones por la dirección autonómica.
● Por último, plantear y preguntar, tanto a los concejales de Si se Puede, Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero, si van a dimitir o al Secretario General Pablo Fernández si va a pedirles que dimitanante las faltas graves y muy graves que se resuelven en éste expediente con cese de militancia e inhabilitación.
Éste Consejo Ciudadano de Valladolid ya extinto, dimitió en pasadas fechas con gran dignidad y respeto hacia el partido, como declaramos en un comunicado en su momento:
“Por falta de apoyo en la resolución de conflictos políticos y éticos, así como por la incomprensible ausencia de reconocimiento por órganos de ámbito superior hacia esta entidad de ámbito municipal legítimamente elegido por los inscritos de Valladolid. Y a fin de evitar malinterpretaciones maliciosas o polémicas artificiosas en el futuro proceso electoral de renovación de cargos, el Consejo Ciudadano considera que esto es lo más correcto y adecuado como garantía de imparcialidad para con quienes deseen formar parte de las candidaturas a primarias”.
En la situación actual, la no dimisión de los concejales de Si se puede y utilizando los términos mencionados por la Comisión de Garantías, causará “UN PERJUCIO GRAVE PARA PODEMOS VALLADOLID Y SU REPRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO”.
Miembros del anterior Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Valladolid
Podemos inhabilita y suspende de militancia a los tres concejales de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid
Crítica
situación del partido a nivel local: El Consejo Municipal, tras el
expediente al secretario local Daniel García, dimitió en bloque en
septiembre sin que desde entonces la dirección autonómica haya nombrado
una gestora
Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero, concejales de Sí se Puede. FOTO: Gaspar Francés
“Estamos ante una infracción muy grave de los principios
organizativos y del Código Ético de Podemos. La ciudadanía vallisoletana
ha depositado su confianza en un grupo de inscritos e inscritas de
Podemos que, bajo el mandato de una Asamblea Ciudadana Municipal, no ha
reconocido en ningún momento de forma efectiva la dirección política ni
ha respetado el código ético y documentos organizativos de Podemos”.
Así de contundente es el preámbulo del acuerdo adoptado por la
Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Castilla y León para inhabilitar
y suspender de militancia durante un año a los tres concejales de Sí se
Puede Valladolid, la marca blanca con la que Podemos concurrió a las
elecciones: Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero. A
los tres se les expedienta por la comisión de “una infracción muy grave y
otra grave”: “Actuar en el ejercicio de cargos públicos en forma
contraria a los principios de podemos” y “desoír los acuerdos y
directrices adoptados por el Consejo Ciudadano Municipal de Valladolid,
la Asamblea ciudadana de Valladolid”.
La decisión de la Comisión de Garantías, pese a no ser firme (los
expedientados ya han anunciado recurso ante la Comisión Nacional, que
será quien falle definitivamente), deja en una crítica situación al
partido a nivel local: En Valladolid, desde el pasado mes de septiembre
no existe Consejo Ciudadano Municipal, después de que presentara en
bloque su dimisión a finales de septiembre. Los últimos meses funcionó
descabezado, después de que la Comisión de Garantías expedientara al
secretario general de Valladolid, Daniel García, con una suspensión de
militancia de 4 meses e inhabilitación para ejercer cargo público otros
10, precisamente, por haber criticado públicamente a los concejales de
Sí se Puede y no respetar la decisión que tomaron los inscritos en el
referéndum de septiembre de 2015, cuando se consultó sobre el
mantenimiento o no de las relaciones con el grupo municipal del citado
partido instrumental.
En este nuevo pronunciamiento de la Comisión de Garantías, que tiene
su origen en una denuncia del Consejo Ciudadano Municipal, se hace un
recorrido por el conflicto abierto en el seno de la organización a
cuenta de la relación con los concejales de Sí se Puede, la formación de
la que a su vez, formaba parte otra formación, Ganemos Valladolid hasta
febrero de 2016. Es entonces cuando “Ganemos Valladolid hace público
en sus redes sociales que sus representantes en la ejecutiva del partido
instrumental Sí Se Puede Valladolid han dimitido y, por lo tanto, ya no
forman parte de la coalición. De este modo, nos encontramos
con que existe un partido instrumental con representación municipal que
únicamente está formado por personas militantes de Podemos”, razona
en el expediente la Comisión de Garantías.
Otro de los puntos en los que se basa la sanción impuesta a los tres
concejales vallisoletanos tiene que ver con la aceptación de entradas e
invitaciones a espectáculos y eventos. “Acudir de forma gratuita a
espectáculos culturales y eventos por el mero hecho de ostentar un
cargo público no es representación institucional, sino un privilegio
derivado del cargo. Si los trabajadores y las trabajadoras tienen que pagar sus entradas, los y las representantes deben hacerlo”, razona la Comisión de Garantías.
Sobre el conflicto referente a la contratación de un empleado
técnico para el Ayuntamiento de Valladolid por parte del Grupo
Municipal de Sí se Puede, la Comisión entiende que los denunciados
“infringen abiertamente la Circular de la Secretaria de Acción
institucional del Consejo Ciudadano Autonómico” ya que “los candidatos
de Podemos presentes en la candidatura municipal” no pueden
“esquivar la competencia del Consejo Ciudadano Municipal para informar
sobre el nombramiento de cargos dentro del grupo: de un modo u otro
debían haber contado con su opinión”.
La Comisión, sin embargo, en contra de lo denunciado, no considera
que aceptar las medallas e insignias como concejales puedan considerarse
“privilegios”, pero sí que señala que “podría considerarse
infracción de la línea política del partido, ya que ha quedado
acreditado que esa línea política era la de no aceptar las medallas e
insignias”.
Rechaza, por falta de pruebas aportadas en la instrucción del caso,
la denuncia referida a la suscripción de un seguro por parte del
concejal y diputado provincial Héctor Gallego.
Respuesta de Sí se Puede
Los tres concejales de Sí se Puede han anunciado inmediatamente
después de hacerse pública la resolución de la Comisión de Garantías
fechada en Salamanca el pasado día 6 de diciembre, que trabajan ya en la
redacción de un recurso, ya que “son muchas las inconcreciones,
inexactitudes y mentiras que se vierten en el escrito fruto de la falta
de pruebas presentada por la parte denunciante”.
Sí se Puede, que imputa en exclusiva al ex secretario local Daniel
García la autoría de la denuncia presentada por el Consejo Ciudadano
Municipal, interpreta que el resultado este pronunciamiento “es
solo un paso más en la estrategia de desacreditación hacia los grupos
municipal y provincial mantenida desde el mes de junio del año 2015”.
“Esto simplemente es un paso más en todo este proceso que, como todos
conocéis, se inició en 2015 con la denuncia del exsecretario general de
Podemos Valladolid, Daniel García, con su Consejo Ciudadano, que
también ha dimitido. (Este) es un acuerdo que no es firme y en lo que
respecta a Sí se Puede, está lleno de falsedades, ausencia total de pruebas, errores, contradicciones…”, asegura la portavoz de Sí se Puede Valladolid, Charo Chávez. Daniel García, en la asamblea Vistalegre I de Podemos. Foto: úC
El ex secretario local de Podemos en Valladolid, Daniel García, aseguró al conocer la noticia sentirse “triste”. “Triste
por todo lo que está sucediendo y triste porque esta resolución que nos
da la razón llega dos años tarde. Todo empezó en el minuto 1 de la
legislatura”.
García exige un pronunciamiento del máximo responsable regional del
partido: “Pablo Fernández tiene que dar una explicación más allá del
respeto a las decisiones de la Comisión de Garantías. Él siempre se ha
posicionado a favor de los concejales de Sí se Puede. Nosotros hemos
seguido escrupulosamente todos los mecanismos oficiales para denunciar
esto. Es más, acatamos el mandato de la Asamblea Ciudadana que nos
obligó a no desvincularnos de Sí se Puede en el Ayuntamiento y a ellos,
por tanto, a seguir la línea política del Consejo Ciudadano Municipal. Nosotros hemos cumplido”, insiste el ex responsable de Podemos en Valladolid.
“El Consejo Autonómico ya sabía de la preocupante situación de Valladolid y o no han hecho nada o se han puesto de perfil. Se ha causado un daño irreparable al proyecto político en Valladolid.
Ahora no hay estructura en la ciudad… ni se ha nombrado una gestora… y
los que dicen representar a Podemos en las instituciones están
inhabilitados”, resume.
A las personas con enfermedades mentales, en los hospitales psiquiátricos, en las residencias, en las unidades de hospitalización de los hospitales generales así como en la atención en urgencias, se les aplica, de forma relativamente habitual, una práctica de coacción violenta a la que se le da el nombre de contención mecánica o, de forma más maquillada, inmovilización terapéutica. Se trata de una práctica poco ortodoxa desde el punto de vista sanitario. Consiste en atar con correas a los pacientes a una cama o a una silla. No es un tema del que se hable. Es vergonzoso. Se oculta. Sin embargo, esta práctica supone riesgos graves para la persona en su salud, tanto física como psicológica, y puede producir secuelas e incluso conlleva riesgo de muerte.
El 5 de mayo de este año, una chica de 26 años, descrita como "encantadora, racional y con la cabeza en su sitio", murió atada a la cama por una parada cardíaca en la planta de psiquiatría del Hospital Universitario de Asturias. En marzo de 2006, cinco personas con enfermedad mental fallecieron en un incendio, atrapadas e inmovilizadas, estando atadas a la cama en una residencia de Massamagrell. ¿Cuantos casos quedan sin salir a la luz?
"Recuerdo que estaba ingresado en la Unidad de Psiquiatría. Pusieron 2 paquetes de tabaco sobre el mostrador de enfermería. Era fin de año y cogí un paquete para repartirlo. Lo escondí. Preguntaron quien tenía el paquete y dije que yo. La enfermera me regañó y llamó a seguridad. Me invitaron a entrar en la sala donde se ata. Yo les dije que estaba acostumbrado. Me pincharon y me ataron. Estuve 2 días atado. Dos días en los que gritaba y amenazaba a la enfermera".
"Estaba ingresado en la Unidad de Psiquiatría. Allí tomaban la tensión arterial con un aparato que funcionaba de forma automática. En una toma, yo veía que el manguito apretaba y apretaba, que no aflojaba … les dije alarmado eh! que algo va mal!. Lo pararon y me dijeron: me parece que hay que llamar a seguridad … métete ahí (en la sala de las correas). Vinieron los deseguridad, me cogieron del cuello, me tiraron contra la pared y me ataron durante 1 día entero. No podía entender esta reacción, flipé en colores, ¿cómo podía estar ocurriendo esto?"
"Tendría 25 años, iba frenético, me subieron a la planta de psiquiatría para ingresarme pero yo no quería quedarme allí. El enfermero me cogió por el cuello, vinieron dos chicos más, me cogieron de los dos brazos, me echaron al suelo y me dieron un golpe en los testículos. Me ataron. A la mañana siguiente vino un celador que es un armario y que me conoce. Me soltó. Es que cuando te dicen ’te vamos a meter aquí’ lo que te sale decir es ’dejarme!’. No es la enfermedad, es una reacción normal, no aceptas eso, y si es necesario chillas y das golpes. Te atan, y estar atado es una tortura. Gritas y tienes la boca seca por la medicación. Cuando estas atado, por la noche no van ni a visitarte, ni a darte agua, ni tienes una presencia humana, no tienes a nadie que te diga ¿cómo sigues?, ¿estás mejor?."
En ninguno de estos ejemplos nuestros pasó el médico a ver qué pasaba. No te explicaron, no te orientaron, se limitaron a decirte viene Seguridad.
Como en este ejemplo, acabar atado es el resultado final de situaciones que te provocan ansiedad. Por ejemplo, cuando no te dejan fumar, y te pones histérico; cuando te ingresan de mala manera, involuntariamente, sin que te expliquen ni te orienten; o cuando acabas nervioso después de un mal rollo en una visita de la familia al hospital. Esa alteración hace que el médico se confunda, que crea que estamos así porque estamos enfermos y hemos empeorado, y no vea que hay cosas que nos alteran o que alterarían a cualquier persona. Y, así, acabamos atados. Acabamos atados porque el personal no mira qué ha pasado y no intenta o no sabe entender.
La práctica de atarnos no se da solo en casos de extrema necesidad y durante un tiempo mínimo como se podría suponer, sino que se utiliza también por la falta de personal, por su falta de formación, o incluso, simplemente, porque hay pacientes que se consideran molestos, que no se muestran dóciles o a los que se juzga como pesados. Tras un trato irrespetuoso por parte del personal, los pacientes, sintiéndose vejados, pueden ponerse nerviosos o agitarse. Y la respuesta ante esta alteración puede ser atarte. Una nota del personal médico en la historia clínica que diga “usar contención si precisa” hace que este procedimiento sea muy accesible y da carta blanca. El objetivo de la "contención" en estos casos es hacer a las personas sumisas, menos demandantes de sus necesidades ante el personal sanitario o de la residencia.
Es necesario evitar que recurran a atar, que recurran a la violencia. Atar es una tortura. Los profesionales necesitan actuar de forma profesional. El personal necesita formación. Es necesario que sepan escuchar, que hablen contigo, que te permitan desahogarte, que entiendan y que te ayuden a entender lo que pasa. La contención requiere un equipo especializado y no recurrir al personal de seguridad. El objetivo de este equipo es defender al paciente contra la contención mecánica (“no te vamos a atar”, “hablemos”). Mientras puedan continuar atando es obligatorio que se registre y que se informe públicamente de ello.
En Suiza recuerdo que usaban una habitación acolchada. Esta habitación es, al menos, mejor que las correas. En Oxford nos ha dicho una amiga que trabaja allí que hay diversos niveles de acompañamiento por parte del personal auxiliar y de enfermería según el estado del paciente, llegando si la necesidad lo precisa a disponer de un profesional de enfermería por paciente.
El que te aten, el que te dejen atado durante horas o días, puede considerarse tortura y un acto inhumano. Supone el olvido de que los pacientes somos también seres humanos. Indigna que prácticas que dañan tanto física como moralmente, que violan los derechos humanos más básicos, que han sido denunciadas por la Convención de la ONU de Personas con Discapacidad y también por la OMS se usen de forma tan habitual. Pero sabemos que en los países en donde se ha propuesto su eliminación completa, esta práctica ha sido erradicada.
Este artículo lo firman Isaías Ledesma Plaza, Pedro Sanchez Soto, Isabel Sicilia Lorente, Jorge Rincon Nogales en representación del Grupo de Apoyo a la Esquizofrenia d´Alacant
Tratados, convenciones, leyes generales, autonómicas, decretos, normativas, ordenanzas, reglamentos, programas, planes estratégicos, presupuestos astronómicos, presupuestos nimios, evaluaciones, correcciones, seguimientos. Derecho a la independencia, derecho a la autonomía personal, erradicación de la exclusión, potenciación de la igualdad de oportunidades, centros de educación especial, centros especiales de empleo, inclusión en la educación, inclusión en el empleo digno y de calidad, cupos de reserva de empleo público y privado.
Apoyo a familias, desgravaciones fiscales, construcción de entornos que contemplen la accesibilidad universal, persecución de discriminaciones tanto directas como indirectas, imposición de sanción, promoción del asociacionismo. Acceso a las ayudas técnicas, al transporte, a la información a la participación en la vida activa, al movimiento político, asociativo y vecinal. Protección de las mujeres con discapacidad, des estigmatización de la enfermedad mental, derecho a los distintos tipos de comunicación, apoyo al tercer sector. Mejora de la movilidad, el transporte, los espacios públicos y privados de ocio, participación y recreo. Estrategias conjuntas públicas, privadas, sociales. Asistencia personal, protección jurídica… En definitiva y resumiendo:
COLADEROS.
Estas y otras muchas más suelen ser las palabras, expresiones y directrices con las que se mueve el sector de la discapacidad. Cualquier titular sobre lo que en realidad no hacen, encierra uno o varios de esos términos y otros más que nos dejamos en el tintero.
Todos, vistos desde fuera nos llevan a pensar que nuestros poderes públicos y nuestra sociedad tiene los deberes hechos respecto a los distintos colectivos con diversidad funcional. Es más, tanto es así, que en más de una ocasión, alguien nos ha llegado a espetar cosas como: “Que chollo el vuestro, yo también quiero.”
Pero la realidad es otra y muy distinta de esa en que la sociedad piensa y que los poderes públicos y sociales quieren hacernos creer. O mejor dicho, deberíamos decir, las realidades, porque hay tantas realidades como personas con diversidad funcional.
Posiblemente si recibiéramos todo lo que se supone deberíamos pedir y la sociedad abanderada por las políticas partidistas e institucionales debería darnos, seríamos solo unos pocos los que acabaríamos con los presupuestos. Y en el fondo es lo que está pasando, solo que aplicado de otra manera y de forma tal que seamos incapaces de poder verlo. O no queramos verlo, que tampoco es descartable.
Nos explicamos:
Hay directivos de ONG,s del mundo de la diversidad funcional, con una diversidad funcional a su vez, que tienen sueldos iguales o superiores a los de un ministro de gobierno, cuyo importe sale del tributo de los españoles, sin contar que a mayores pueden recibir sin mucho problema otro tipo de ayudas a las que todos tenemos derecho, pero como no hay para todos, son quienes al final y por la vía digital, suelen tener acceso a ellas. Que las personas con discapacidad tengan un sueldo digno, nos parece estupendo, pero todas, no solo unas pocas. La labor de algunos de éstos incluso consiste en gestionar centros especiales de empleo que significa en castellano antiguo si miramos de cerca la situación gestión de la esclavitud pagada con una buena porción del dinero de todos nosotros.
De las pocas personas que trabajan dentro del mundo de la diversidad funcional, cuya tasa de desempleo es desorbitante y no parece importarle a casi nadie, la inmensa mayoría trabajan a través de los centros especiales de empleo que son centro hipotéticamente temporales que al final se acaban convirtiendo en unos nichos de explotación laboral donde las ventajas salariales, fiscales y en materia de seguros sociales para estas empresas son todas y para los trabajadores, en la mayoría de ocasiones nos les da para mantener una independencia económica, ni mucho menos para poder llevar a efecto un plan de vida plena e independiente.
A la vista de los recortes sociales, cada vez más a la deriva en los últimos años y especialmente desde que el Partido Popular aplica sus políticas más fratricidas que humanas, las inversiones en educación y sanidad especialmente, han sufrido tales descensos, que esto induce una vez más a hacer caer a nuestros colectivos en mayores niveles de marginalidad y exclusión social, puesto que disminuye con ello nuestra posibilidades y por ende nuestra capacidad de relacionarnos de una forma más habitual y acorde a los niveles de participación social que se prevén o esperan y sin olvidarnos claro está en esos altísimos niveles de agravio económico que por razón de nuestras diversidades ya se estimaba en tan buen y olvidado estudio elaborado en la ciudadad de Barcelona, extrapolable a cualquier ciudad de España y en el año 2006, en una media que rondaba los 27.000 € por persona en costes directos para llevar a efecto su igualdad de oportunidades. En fin…
Sin embargo como cada año, representantes políticos de administraciones estatales, autonómicas y locales, siempre llevados de la mano de sus tapaderas sociales, nuestros botiflers, hoy, día internacional de las personas con discapacidad, no se resignan a la cada vez más insana tentación de sentarse en una silla de ruedas, -cámara en mano, eso sí, para que se vea la inmensa empatía que se tiene-, o bien a dejarse vendar los ojos, tapar los oídos en incluso un año de estos, si lo consideran oportuno, dejarse meter un chute de burundanga, para hacernos creer lo humanos y sensibles que son y así poder ir tirando como buenos ejemplares políticos que son, insertados en la política en un alto porcentaje por la vía digital, la del codazo abierto o a puñaladas.
Mañana nuestros espacios públicos tanto de orden público como privado, en todo el territorio estatal deberían reunir los mínimos criterios de accesibilidad universal conforme a lo mandatado por ley y tras la enésima vez de aplazamiento, porque aquí, salvo la celebración del día de la foto y las fantasmadas que es hoy, nunca se cumple nada. Pero mañana en la inmensa mayoría de nuestras ciudades habrá personas sordas, ciegas, con diferencias cognitivas y movilidad reducida, que descubrirán una vez más que no son ni queridas ni respetadas en su entorno social más inmediato, después de que por mor de la publicidad y propaganda unos cuantos hayan ido extrayendo nuevamente presupuestos y balances económicos para firmar en su nombre, la elaboración de nuevos estudios, acuerdos, pactos y contratos de un viaje a ninguna parte.
PUEDE VALLADOLID POR INFRACCIONES MUY GRAVES 
tienen nada que ver, ni en cuanto la temática de la denuncia, ni en cuanto a la resolución, que en caso de los segundos la propia Comisión de Garantías tipifica como de infracción muy grave por vulnerar literalmente: “los principios organizativos y del Código Ético de Podemos”. Concretándolo en:
ante las faltas graves y muy graves que se resuelven en éste expediente con cese de militancia e inhabilitación.
En los mercados, mercadillos, calles, plazas y alfoz de Valladolid ya se está hablando de la # HuelgaFeminista8M
