COMUNICADO DE LOS EXCONSEJEROS DEL CCM DE PODEMOS VALLADOLIDACERCA DE LA
INHABILITACIÓN PARA CARGOSYSUSPENSIÓN DE MILITANCIADE LOSCONCEJALES DE SI SE
PUEDE VALLADOLID POR INFRACCIONES MUY GRAVES
Héctor Gallego, Pablo Fernández, Charo Chávez, Pedro Palacios y Gloria Reguero, en la rueda de prensa de esta tarde. Foto: úC
En relación con la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas de Castilla y León (CDGDCyL) con fecha 6 de diciembre de 2017, que acuerda por unanimidad de sus miembros, sancionar con inhabilitación para cargos y suspensión de militancia a los concejales del Ayuntamiento de Valladolid del grupo Si Se Puede Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero, queremos hacer algunas aclaraciones que contribuirán a resolver dudas o corregir errores que han sido publicados en estos días:
● En primer lugar aclarar que la denuncia la presenta el CCM (Consejo Ciudadano Municipal) de Valladolid a través del Secretario General Daniel García.
● El primer expediente se presenta a finales de 2015, dimitiendo la CDGDCyL en septiembre de 2016 habiéndose iniciado la tramitación pero sin resolución de dicho expediente. Se vuelve a presentar posteriormente a la nueva Comisión de Garantías en febrero de 2017, que resuelve a fecha 6 de diciembre.
● Las primeras denuncias “orales públicas” del extinto CCM, que ahora resultan en condena de la Comisión de Garantías Democráticas, se producen en septiembre de 2015, (se dio una rueda de prensa) a los pocos meses de las elecciones municipales de mayo de 2015, cuando los tres concejales de Si Se Puede deciden “autonomizarse” y no rendir cuentas ni a la Asamblea de Valladolid ni al órgano político que debe ejercer el control sobre ellos. Hablamos de cuestiones como sueldos y retribuciones, donaciones, contrataciones de personal para el grupo en el ayuntamiento y la diputación, así como de algo tan lógico y sencillo como que la línea política, propuestas que se hagan en el ayuntamiento y la diputación, o simplemente lo que se vote en los plenos, sea consultado, valorado e informado por el órgano político de Podemos Valladolid (CCM) como marcan los estatutos del partido y no sólo, como viene siendo desde septiembre de 2015, por ellos mismos y la estructura paralela que han montado
● El Secretario General Autonómico Pablo Fernández y el Secretario de Organización Pedro de Palacios, tienen conocimiento de estos hechos (que ahora condena la Comisión de Garantías) desde el primer minuto y salieron en rueda de prensaapoyando a los concejales “unilateralmente independizados” y criticando la denuncia del CCM de Podemos Valladolid.
● Pocos meses después, el CCM de Valladolid lo lleva a la Comisión de Garantías (2015), con un expediente repleto de pruebas más de 50 páginas que incluye grabaciones, chats de telegram, etc., desde entonces se espera pacientemente a que se resuelva el proceso, siendo consciente del tremendo daño que representa para Podemos que los tres concejales sigan en el Ayuntamiento de Valladolid en nombre de Podemos.
● Por otro lado y con fecha 27 de febrero de 2017, se presenta una denuncia con un texto muy reducido contra Daniel García, ex secretario ahora de Podemos Valladolid,
por criticar públicamente al Grupo Si Se Puede y decir que no representa a Podemos ni sus valores, la Comisión de Garantías resuelve, a finales de mayo, sancionar a éste por literalmente: «perjuicio para la imagen de Podemos en Valladolid y su
representación en el Ayuntamiento» por difundir en medios de comunicación «lasdiferencias de criterio entre el consejo ciudadano municipal y Sí Se Puede, saltándose los cauces naturales de régimen interno». Remarcando: “La Comisión entiende que«si el secretario general de Podemos Valladolid tuviese algún problema con los concejales de Sí Se Puede y alguna denuncia que hacer, el cauce propio sería acudir a la Comisión de Garantías y no a los medios de comunicación».” Como aquí se explica,esa vía ya se había cursado sin respuesta durante más de dos años y ahora queda patente en ésta nueva resolución contra Si se Puede.
● Se están haciendo declaraciones que faltan totalmente a la verdad, con una intención de equiparar y quitar importancia a la grave resolución que acabamos de conocer por parte de Charo Chávez y queremos dejar muy claro que ni la denunciacontra Daniel García (por contar en prensa y en redes los incumplimientos de los concejales) y la ahora resuelta, por cierto, por unanimidad de los miembros de la CDGDCyL contra Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero (por aceptación de privilegios,contrataciones sin dar explicaciones al partido, autonomía política y desoír las líneas políticas de Podemos)tienen nada que ver, ni en cuanto la temática de la denuncia, ni en cuanto a la resolución, que en caso de los segundos la propia Comisión deGarantías tipifica como de infracción muy grave por vulnerar literalmente: “losprincipios organizativos y del Código Ético de Podemos”. Concretándolo en:
“A) Infracción muy grave: Actuar en el ejercicio de Cargos públicos en forma contraria a los principios de Podemos.”
“ B) Infracción grave: Desoír los acuerdos y directrices adoptados por el Consejo Ciudadano Municipal de Valladolid, la Asamblea ciudadana de Valladolid.”
Mientras que a Daniel García se le sanciona y no por unanimidad por:
«Perjuicio para la imagen de Podemos en Valladolid y su representación en el Ayuntamiento». Una cosa es muchísimo más grave que la otra y la naturaleza de la “falta” bien diferente y además se podía concluir que las declaraciones que motivaron la sanción a Daniel García, se parecen mucho a lo que concluye la propia comisión ahora. Decía la verdad, no se puede condenar a nadie por decir la verdad, aunque el modo de hacerlo no fuera del gusto o norma del partido.
● Remarcar por tanto y por todo lo explicado que en absoluto todo esto adolece “a temas personales”, como trata de justificar Charo Chávez. Son cuestiones políticas y de código ético no respetado, ningún tema personal aparece en la sentencia.
● Es muy tramposo por parte de Charo Chávez decir que faltan pruebas , que hayinexactitudes o que “no pueden demostrarlo” (insistimos 50 páginas de expediente), cuando han tenido tiempo desde el 10 de mayo al 25 de mayo para presentar todas las pruebas o contrapruebas que estimaran pertinentes. ¿Acaso dice que la Comisión de Garantías ha condenado sin pruebas?
Según el reglamento que rige el procedimiento, los denunciados tienen un plazo de 15 días para presentar pruebas o hacer alegaciones al expediente, una vez se inicia su tramitación. Lo refleja la resolución al principio de la misma:
“SEGUNDO. – En fecha 10 de mayo de 2017 se da traslado a Charo Chávez Muñoz, Gloria Reguero Mélida y Héctor Gallego Blanco del expediente sancionador por el plazo de diez días hábiles para formular oposición al Expediente, presentando en tiempo y forma alegaciones y las pruebas que estimaron pertinentes.”
● Nos parece que las declaraciones de Pablo Fernández, por un lado hablando únicamente “de respeto a las decisiones de los órganos de garantías independientes”, como haría un partido de la casta, poniéndose una vez más de perfil y por otro queriendo justificar no sabemos qué, quizá su propia inacción con “el verdadero problema de Valladolid es que no tenemos dirección política”, vuelve a repetir los mismos errores cometidos en el pasado y suponen una falta de respeto al trabajo del extinto CCM. Sí ha habido dirección política en Valladolid, hasta que hace algo más dedos meses dimitió, el CCM al que ahora la sentencia da la razón. Un CCM que ha sido maltratado, ninguneado, cuestionado, desacreditado e invisibilizado en repetidas ocasiones por la dirección autonómica.
● Por último, plantear y preguntar, tanto a los concejales de Si se Puede, Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero, si van a dimitir o al Secretario General Pablo Fernández si va a pedirles que dimitanante las faltas graves y muy graves que se resuelven en éste expediente con cese de militancia e inhabilitación.
Éste Consejo Ciudadano de Valladolid ya extinto, dimitió en pasadas fechas con gran dignidad y respeto hacia el partido, como declaramos en un comunicado en su momento:
“Por falta de apoyo en la resolución de conflictos políticos y éticos, así como por la incomprensible ausencia de reconocimiento por órganos de ámbito superior hacia esta entidad de ámbito municipal legítimamente elegido por los inscritos de Valladolid. Y a fin de evitar malinterpretaciones maliciosas o polémicas artificiosas en el futuro proceso electoral de renovación de cargos, el Consejo Ciudadano considera que esto es lo más correcto y adecuado como garantía de imparcialidad para con quienes deseen formar parte de las candidaturas a primarias”.
En la situación actual, la no dimisión de los concejales de Si se puede y utilizando los términos mencionados por la Comisión de Garantías, causará “UN PERJUCIO GRAVE PARA PODEMOS VALLADOLID Y SU REPRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO”.
Miembros del anterior Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Valladolid
Podemos inhabilita y suspende de militancia a los tres concejales de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid
Crítica
situación del partido a nivel local: El Consejo Municipal, tras el
expediente al secretario local Daniel García, dimitió en bloque en
septiembre sin que desde entonces la dirección autonómica haya nombrado
una gestora
Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero, concejales de Sí se Puede. FOTO: Gaspar Francés
“Estamos ante una infracción muy grave de los principios
organizativos y del Código Ético de Podemos. La ciudadanía vallisoletana
ha depositado su confianza en un grupo de inscritos e inscritas de
Podemos que, bajo el mandato de una Asamblea Ciudadana Municipal, no ha
reconocido en ningún momento de forma efectiva la dirección política ni
ha respetado el código ético y documentos organizativos de Podemos”.
Así de contundente es el preámbulo del acuerdo adoptado por la
Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Castilla y León para inhabilitar
y suspender de militancia durante un año a los tres concejales de Sí se
Puede Valladolid, la marca blanca con la que Podemos concurrió a las
elecciones: Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero. A
los tres se les expedienta por la comisión de “una infracción muy grave y
otra grave”: “Actuar en el ejercicio de cargos públicos en forma
contraria a los principios de podemos” y “desoír los acuerdos y
directrices adoptados por el Consejo Ciudadano Municipal de Valladolid,
la Asamblea ciudadana de Valladolid”.
La decisión de la Comisión de Garantías, pese a no ser firme (los
expedientados ya han anunciado recurso ante la Comisión Nacional, que
será quien falle definitivamente), deja en una crítica situación al
partido a nivel local: En Valladolid, desde el pasado mes de septiembre
no existe Consejo Ciudadano Municipal, después de que presentara en
bloque su dimisión a finales de septiembre. Los últimos meses funcionó
descabezado, después de que la Comisión de Garantías expedientara al
secretario general de Valladolid, Daniel García, con una suspensión de
militancia de 4 meses e inhabilitación para ejercer cargo público otros
10, precisamente, por haber criticado públicamente a los concejales de
Sí se Puede y no respetar la decisión que tomaron los inscritos en el
referéndum de septiembre de 2015, cuando se consultó sobre el
mantenimiento o no de las relaciones con el grupo municipal del citado
partido instrumental.
En este nuevo pronunciamiento de la Comisión de Garantías, que tiene
su origen en una denuncia del Consejo Ciudadano Municipal, se hace un
recorrido por el conflicto abierto en el seno de la organización a
cuenta de la relación con los concejales de Sí se Puede, la formación de
la que a su vez, formaba parte otra formación, Ganemos Valladolid hasta
febrero de 2016. Es entonces cuando “Ganemos Valladolid hace público
en sus redes sociales que sus representantes en la ejecutiva del partido
instrumental Sí Se Puede Valladolid han dimitido y, por lo tanto, ya no
forman parte de la coalición. De este modo, nos encontramos
con que existe un partido instrumental con representación municipal que
únicamente está formado por personas militantes de Podemos”, razona
en el expediente la Comisión de Garantías.
Otro de los puntos en los que se basa la sanción impuesta a los tres
concejales vallisoletanos tiene que ver con la aceptación de entradas e
invitaciones a espectáculos y eventos. “Acudir de forma gratuita a
espectáculos culturales y eventos por el mero hecho de ostentar un
cargo público no es representación institucional, sino un privilegio
derivado del cargo. Si los trabajadores y las trabajadoras tienen que pagar sus entradas, los y las representantes deben hacerlo”, razona la Comisión de Garantías.
Sobre el conflicto referente a la contratación de un empleado
técnico para el Ayuntamiento de Valladolid por parte del Grupo
Municipal de Sí se Puede, la Comisión entiende que los denunciados
“infringen abiertamente la Circular de la Secretaria de Acción
institucional del Consejo Ciudadano Autonómico” ya que “los candidatos
de Podemos presentes en la candidatura municipal” no pueden
“esquivar la competencia del Consejo Ciudadano Municipal para informar
sobre el nombramiento de cargos dentro del grupo: de un modo u otro
debían haber contado con su opinión”.
La Comisión, sin embargo, en contra de lo denunciado, no considera
que aceptar las medallas e insignias como concejales puedan considerarse
“privilegios”, pero sí que señala que “podría considerarse
infracción de la línea política del partido, ya que ha quedado
acreditado que esa línea política era la de no aceptar las medallas e
insignias”.
Rechaza, por falta de pruebas aportadas en la instrucción del caso,
la denuncia referida a la suscripción de un seguro por parte del
concejal y diputado provincial Héctor Gallego.
Respuesta de Sí se Puede
Los tres concejales de Sí se Puede han anunciado inmediatamente
después de hacerse pública la resolución de la Comisión de Garantías
fechada en Salamanca el pasado día 6 de diciembre, que trabajan ya en la
redacción de un recurso, ya que “son muchas las inconcreciones,
inexactitudes y mentiras que se vierten en el escrito fruto de la falta
de pruebas presentada por la parte denunciante”.
Sí se Puede, que imputa en exclusiva al ex secretario local Daniel
García la autoría de la denuncia presentada por el Consejo Ciudadano
Municipal, interpreta que el resultado este pronunciamiento “es
solo un paso más en la estrategia de desacreditación hacia los grupos
municipal y provincial mantenida desde el mes de junio del año 2015”.
“Esto simplemente es un paso más en todo este proceso que, como todos
conocéis, se inició en 2015 con la denuncia del exsecretario general de
Podemos Valladolid, Daniel García, con su Consejo Ciudadano, que
también ha dimitido. (Este) es un acuerdo que no es firme y en lo que
respecta a Sí se Puede, está lleno de falsedades, ausencia total de pruebas, errores, contradicciones…”, asegura la portavoz de Sí se Puede Valladolid, Charo Chávez. Daniel García, en la asamblea Vistalegre I de Podemos. Foto: úC
El ex secretario local de Podemos en Valladolid, Daniel García, aseguró al conocer la noticia sentirse “triste”. “Triste
por todo lo que está sucediendo y triste porque esta resolución que nos
da la razón llega dos años tarde. Todo empezó en el minuto 1 de la
legislatura”.
García exige un pronunciamiento del máximo responsable regional del
partido: “Pablo Fernández tiene que dar una explicación más allá del
respeto a las decisiones de la Comisión de Garantías. Él siempre se ha
posicionado a favor de los concejales de Sí se Puede. Nosotros hemos
seguido escrupulosamente todos los mecanismos oficiales para denunciar
esto. Es más, acatamos el mandato de la Asamblea Ciudadana que nos
obligó a no desvincularnos de Sí se Puede en el Ayuntamiento y a ellos,
por tanto, a seguir la línea política del Consejo Ciudadano Municipal. Nosotros hemos cumplido”, insiste el ex responsable de Podemos en Valladolid.
“El Consejo Autonómico ya sabía de la preocupante situación de Valladolid y o no han hecho nada o se han puesto de perfil. Se ha causado un daño irreparable al proyecto político en Valladolid.
Ahora no hay estructura en la ciudad… ni se ha nombrado una gestora… y
los que dicen representar a Podemos en las instituciones están
inhabilitados”, resume.